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El suicidio es un fenómeno que ha estado presente históricamente y ha sido pensado de acuerdo con las distintas épocas, culturas, religiones, economías, etcétera. Así, toda referencia al suicidio refleja las actitudes y prejuicios inherentes a cada sociedad en su momento histórico concreto.
Según datos de 2014 de la Organización Mundial de la Salud, más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, lo que representa una muerte cada 40 segundos. A la vez, la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por guerras y homicidios, representando el 57% de las muertes por causas externas. El 75% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medios, mientras que el restante 25% sucede en países de ingresos altos. Entre las personas de 15 a 29 años, el suicidio es la segunda causa de defunción. Por su parte, los hombres tienen una mayor tasa de suicidio que las mujeres, con una razón aproximada de 3,5 a 1. Por otra parte, en la región de las Américas ocurren alrededor de 65.000 defunciones anuales por suicidio.
En Uruguay, la tasa de suicidios en 2018 fue de 20,2 por cada 100.000 habitantes, con 710 suicidios en total, lo que significa, aproximadamente, una muerte cada once horas. A su vez, el suicidio es, desde hace décadas, la principal causa de muerte externa, triplicando los homicidios y superando en un 20% a los decesos por siniestralidad vial. No obstante, el tema continúa siendo tabú, lo que impide la posibilidad de repensarlo en nuestros días.
En el año 2018 se conmemoraron setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo cumplimiento debe ser garantizado a toda la población, sin distinción ni discriminación alguna. La problemática del suicidio y el comportamiento suicida requiere un abordaje desde el enfoque de los derechos humanos por parte todos los actores sociales -académicos, gubernamentales o de la sociedad civil- para evitar la vulneración de los derechos de un conjunto importante de personas, entre ellas las afectadas por la muerte de un familiar y las que presentan riesgos de suicidio. En este sentido, la Universidad de la República tiene como tarea consolidar y coordinar acciones que deriven en la comprensión y el fortalecimiento de esta perspectiva, cumpliendo así con su función de garante de derechos.
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